Hace pocos días conocíamos la aprobación del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, documento que sustituirá a la ley del año 2014. El objetivo principal de este nuevo marco regulatorio es adaptarse a las necesidades emergentes en materia de conectividad y telecomunicaciones, cuya evolución ha sido imparable y especialmente pronunciada durante los dos últimos años.
Tras haber recibido el apoyo del Congreso de los Diputados, tendrá que pasar el trámite del Senado antes de aprobarse de manera definitiva. Además, no es la única ley que se ha aprobado, pues está acompañada por la Ley de Ciberseguridad 5G, que también se ha convalidado en la cámara baja.
El proyecto de Ley de Telecomunicaciones que, previsiblemente, se aprobará a lo largo de las próximas semanas, se traduce en un escenario de más seguridad jurídica y más flexibilidad para los operadores de telecomunicaciones, así como en una protección reforzada para los usuario y sus derechos. En este artículo te contamos cuáles son las claves más importantes para entender cómo cambiará esta ley el escenario actual.
Conectividad y banda ancha: velocidad mínima
Una de las novedades que revela esta nueva Ley de Telecomunicaciones es la garantía, como servicio universal, del acceso a Internet de banda ancha con una velocidad mínima de 10 MB por segundo, que se espera elevar próximamente a 30 MB por segundo. Cabe destacar que, actualmente, la velocidad mínima es de 1 MB por segundo, por lo que esta ley pretende multiplicar por diez dicha velocidad.
Así, desde cualquier parte del país deberá haber acceso a banda ancha con dicha velocidad, lo que obligará a realizar un despliegue mayor en zonas rurales que, a día de hoy, no disponen de esta conexión.
España Vaciada: diagnóstico dos veces al año
En esta misma línea de reducir la brecha digital se incluye otra novedad en esta ley. Se trata de un estudio de calidad del servicio en las áreas rurales con escasa población con respecto al resto del país. La intención es realizar este estudio dos veces cada año, y correrá a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Cabinas telefónicas con conexión WiFi
Las cabinas telefónicas, que parecían abocadas a desaparecer, pueden tener una segunda oportunidad. Una de las opciones que contempla la ley es la de reconvertirlas y utilizarlas como puntos de conexión a Internet, como teléfonos de emergencia o incluso como puntos de recogida y envío de paquetería. Además, todos los servicios que se desarrollen a partir del acuerdo entre operadores y titulares será gratuito para los ciudadanos y para las administraciones.
Servicios de telecomunicaciones directos
La Ley General de Telecomunicaciones que, de momento, sigue siendo un proyecto, contempla también que puedan ser las propias administraciones públicas quienes presten, de forma directa, servicios de telecomunicaciones. La obligatoriedad no se reduciría solo a ofrecerlos, sino a instalar, desplegar y explotar las redes sin que sea necesario hacerlo a través de otra sociedad o de una entidad. Esto supondrá un aprovechamiento de las infraestructuras de telecomunicaciones mucho mayor. Por su parte, las administraciones podrán solicitar compensaciones a los operadores por el uso de infraestructuras que estén bajo su titularidad.
Asimismo, el texto abre la posibilidad a la creación de un punto único de gestión en el que cualquier ciudadano pueda informarse sobre las condiciones, procedimientos u obligaciones tributarias relacionadas, directa o indirectamente, con el despliegue de redes de comunicaciones.
Duración y transparencia en los contratos
Otro de los aspectos de esta ley se refiere a la duración máxima de los contratos relacionados con los servicios de permanencia en un operador. Así, se establece una limitación de 24 meses, de forma que ninguna compañía podrá ampliar más el período de permanencia. Igualmente, el usuario tendrá que tener acceso, en el contrato, a la información sobre las condiciones y vías de resolución posible, además de los costes que conllevaría en cada momento.
Adicionalmente, se regularán también los paquetes de servicios ofrecidos, la conservación del saldo en los teléfonos prepago en caso de cambio de operador, y la ampliación de los derechos de portabilidad.
La colaboración entre los agentes del sector será clave
Las novedades que incorpora la Ley General de Telecomunicaciones, y que entrarán en vigor durante las próximas semanas, ponen de manifiesto la necesidad de estrechar los lazos entre los distintos players del sector de las telecomunicaciones y las entidades públicas. En primer lugar, para reducir la brecha digital que, todavía hoy, impide a muchas personas en España disfrutar del derecho universal a estar conectados.
Además, el propio aprovechamiento de las infraestructuras de telecomunicaciones puede ser mucho mayor en un escenario colaborativo. El reto es consistente, pero solo podrá conseguirse con transparencia, objetivos comunes y aprovechando las fortalezas propias de cada eslabón de la cadena que forma parte del sector de las telecomunicaciones.
