Entramos en un nuevo año y, con él, en un período de transición en muchos ámbitos, incluyendo las telecomunicaciones. Una de las áreas en las que más cambios se prevén de cara a los próximos meses es la digitalización de zonas rurales. Con el objetivo de reducir la brecha digital, la Unión Europea ha publicado una hoja de ruta para que los distintos países miembros avancen en la misma dirección, la Década Digital.
Uno de los objetivos de este documento es la conectividad para todos, incluyendo la adopción de 5G en todos los territorios. Si nos trasladamos a España, hemos ido viendo cómo, a lo largo de los últimos meses, distintas comunidades y provincias han desplegado la fibra óptica. La finalidad es conseguir que todos los ciudadanos de áreas rurales tengan el mismo derecho a la conectividad que aquellos de núcleos urbanos.
En este sentido, el pasado mes de junio asistíamos a la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, en la que se establece que España debe adquirir una velocidad mínima de 100 megabit por segundo en el plazo de un año. De hecho, a día de hoy, la situación es que los operadores deben garantizar, como mínimo, 100 Mb de banda ancha antes del mes de junio de 2023.
Por tanto, todos los esfuerzos de los principales players de telecomunicaciones deben centrarse en esta dirección, y garantizar la cobertura de banda ancha en todos los territorios urbanos y rurales. Así, la ley establece una modificación del servicio universal de Internet, que deberá ser prestado por todos los operadores.
El servicio mínimo debe ser de 10 Mbps, ampliables a 30 Mbps y, a largo plazo, alcanzar los 100 Mbps. La cuestión reside en garantizar la mayor banda ancha y conectividad, incluyendo fibra óptica, en las zonas rurales en las que hoy en día ni siquiera hay conexión a Internet.
Situación actual y previsiones de fibra óptica en territorio rural
En línea con este objetivo estatal, no son pocos los municipios y ciudades pequeñas que están adoptando planes para ampliar la extensión de fibra óptica en sus núcleos más dispersos. Una de las comunidades autónomas donde más cambios se van a percibir en lo que respecta a la fibra óptica es Castilla y León. En esta comunidad, más de 72.000 hogares tendrán acceso a fibra óptica antes de 2024, para lo que se ha destinado una inversión de más de 30 millones.
En el caso de Extremadura, otra de las comunidades con más índice de población censada en municipios rurales, 21.000 familias del entorno rural de Cáceres y Badajoz contarán con fibra óptica antes de que termine el año 2024.
Por su parte, Castilla-La Mancha también anunció la concentración de hasta el 60% de toda la inversión de 2023 en fibra óptica y 5G en el ámbito rural, para garantizar que los municipios que todavía no tienen conexión a fibra óptica la tengan lo antes posible.
Conectividad: de ser un lujo a ser un derecho
La conclusión principal que extraemos tras la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones es que la conectividad ya no va a ser un lujo al alcance solo de algunas personas, sino que es un derecho universal al que cualquiera debe tener acceso. En este sentido, el Programa ÚNICO de Demanda Rural es el mecanismo financiero que hace posible las inversiones necesarias en los ámbitos más rurales, que son donde más brechas digitales sigue habiendo a día de hoy.
Sin embargo, la colaboración público-privada no debe quedarse únicamente ahí, sino que debe extenderse a todos los partners y proveedores implicados en este proceso en cadena. Tanto los grandes operadores como los operadores locales y los partners industriales y tecnológicos debemos remar en la misma dirección, y facilitar la implementación rápida y efectiva de fibra óptica en todo el territorio nacional, incluyendo aquellas regiones que conforman lo que se conoce como la España Vaciada.
Solo así podremos asegurarnos de que la conectividad sea, efectivamente, un derecho al alcance de todos, y no un lujo al que únicamente tienen acceso determinados núcleos poblacionales.
Sobre todo, cuando estamos en un momento en el que, gracias a las posibilidades de deslocalización geográfica que ofrece el teletrabajo y la digitalización, podemos ayudar a revitalizar estas pequeñas áreas rurales. O, por lo menos, conseguir que cualquiera tenga la posibilidad de volver al pueblo sin que ello suponga un freno en su desarrollo profesional.
